Fiscal cerró investigación por accidente radioactivo
La fiscal Ana María Aldana, dictó esta semana una resolución cerrando la investigación por el accidente radioactivo ocurrido en las instalaciones de la planta de celulosa Nueva Aldea, durante su construcción en diciembre de 2005.
El término de esta etapa obedece a que habría tenido ya los antecedentes suficientes como para declararla cerrada y eventualmente acusar a las personas que actualmente se encuentran imputadas como Lautaro Domínguez Ferrer, supervisor general de ITC y encargado de protección radiológica para el proyecto, y Sergio Pérez Valdés, operador del equipo con el cual se produjo el incidente el 15 de diciembre de 2005, donde resultó seriamente afectado Miguel Angel Fuentes.
Desde ahora, la fiscal tendría un plazo de diez días para acusar a los eventualmente responsables del desprendimiento de una cápsula de iridio 192 y se espera que ello ocurra durante la próxima semana.
Posterior a ello, sostuvo el abogado Carlos Astorga, se debe iniciar la etapa en que los fiscales, defensores y querellantes, participarán en las audiencias de preparación de juicio como en el juicio oral.
Finalmente deberá ser el tribunal oral en lo penal de Chillán, sobre la base de los antecedentes que sean entregados, el que debería decidir si condena o absuelve a los imputados.
Astorga manifestó que “como intervinientes, estamos a la espera de la acusación que haga la fiscal y luego veremos si adherimos a la acusación o acusamos en forma particular”.
Señaló que además deben evaluar si “en esta etapa demandamos o esperamos el resultado del juicio para ejercer aciones civiles de indemnización por perjuicios en contra de las empresas que son civilmente responsables de los daños generados a Miguel Angel”.
Publicado en La Discusión, Viernes 3 de noviembre de 2006.
El término de esta etapa obedece a que habría tenido ya los antecedentes suficientes como para declararla cerrada y eventualmente acusar a las personas que actualmente se encuentran imputadas como Lautaro Domínguez Ferrer, supervisor general de ITC y encargado de protección radiológica para el proyecto, y Sergio Pérez Valdés, operador del equipo con el cual se produjo el incidente el 15 de diciembre de 2005, donde resultó seriamente afectado Miguel Angel Fuentes.
Desde ahora, la fiscal tendría un plazo de diez días para acusar a los eventualmente responsables del desprendimiento de una cápsula de iridio 192 y se espera que ello ocurra durante la próxima semana.
Posterior a ello, sostuvo el abogado Carlos Astorga, se debe iniciar la etapa en que los fiscales, defensores y querellantes, participarán en las audiencias de preparación de juicio como en el juicio oral.
Finalmente deberá ser el tribunal oral en lo penal de Chillán, sobre la base de los antecedentes que sean entregados, el que debería decidir si condena o absuelve a los imputados.
Astorga manifestó que “como intervinientes, estamos a la espera de la acusación que haga la fiscal y luego veremos si adherimos a la acusación o acusamos en forma particular”.
Señaló que además deben evaluar si “en esta etapa demandamos o esperamos el resultado del juicio para ejercer aciones civiles de indemnización por perjuicios en contra de las empresas que son civilmente responsables de los daños generados a Miguel Angel”.
Publicado en La Discusión, Viernes 3 de noviembre de 2006.
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