Celulosa en el Río Itata

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24 agosto, 2006

El 3 de Septiembre rige Ley de RiLes



En efecto, el 3 de septiembre entra en vigencia el Decreto Supremo 90, que tiene como objetivo impedir que estos residuos contaminen los cursos superficiales de agua (como ríos, por ejemplo), pero desde el sector empresarial ven muy complicado que todas las compañías puedan completar las inversiones necesarias para cumplir con la norma legal.

Según los datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), de las 853 empresas que se ha detectado que tienen que cumplir con la normativa, sólo 793 entregaron información preliminar (caracterización), y de ellas buena parte no podrá completar las inversiones.

El problema está en que las compañías han tenido cinco años para ponerse al día en el tema, y hasta ahora sólo las grandes empresas están en condiciones de cumplir la norma.

"Del sector pyme, un porcentaje muy alto no llegará a cumplir. Están muy complicados y no han conseguido financiamiento", dice Cecilia López, gerenta de operaciones de Schwager Energy.

Es que poner una planta de tratamiento de riles no es para nada económico. De hecho, una de ellas puede costar desde US$ 100 mil hasta más de US$ 1 millón, en algunos casos.

Por eso, quienes no hayan completado estas inversiones y se detecten con problemas, se arriesgan a sanciones que van desde los $37 mil hasta la clausura, dependiendo del grado de incumplimiento. "Los criterios de fiscalización se verán en función de cuánto falte para cumplir con la normativa", explica la superintendenta de la SISS, Magaly Espinosa.

Uno de los sectores más afligidos por el tema es el agrícola, "muchos pequeños agricultores no podrán cumplir con la norma", dice el presidente de la SNA, Luis Schmidt, debido, según él, a que en el actual escenario de "crisis" de algunos rubros, como los productores lecheros y los viticultores, los empresarios no pudieron realizar las inversiones. Por esto, Schmidt pide flexibilidad en la fiscalización.

Sin embargo, Espinosa es tajante en su postura: "Muchos sectores han planteado obtener mayor flexibilidad de parte de la SISS, porque les falta tiempo para cumplir, pero no se puede extender el plazo".

En la misma línea, el presidente de la comisión de medio ambiente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Javier Hurtado, señala que "lo que va a pasar es que habrá multas, discusiones y un montón de problemas. Las normas son para cumplirlas, además ha habido un plazo razonable. No veo posibilidades de pedir extensiones de plazos".

Lo que viene

Las empresas en cuestión deberán remitir a la SISS sus monitoreos de emisiones a partir del 20 de octubre próximo, con lo que, documento en mano, la autoridad aplicará las sanciones.

Así, un grupo de 20 funcionarios de la SISS, distribuidos entre las regiones IV y X, fiscalizará los informes y, eventualmente, realizará inspecciones en terreno.

Sin embargo, las empresas que ni siquiera han enviado sus caracterizaciones se verán enfrentadas a la fiscalización y a las multas de forma inmediata, a partir del 3 de septiembre.

Incluso, también podría afectar a empresas de rubros como el agroindustrial o el vitivinícola, que han preferido aplazar sus inversiones, ya que sus desechos se dan sólo durante tres meses del año, en el verano.

¿Qué es el DS 90?

El DS 90 fue dictado en 2001, y tiene como objetivo impedir que los residuos industriales líquidos contaminen los cursos superficiales de agua. En concreto, se pone un límite a contaminantes como arsénicos, boro, hierro, sulfatos, coliformes fecales e hidrocarburos.

Por esto, y para cumplir las nuevas exigencias, las empresas debieron hacer mejoras tecnológicas, como instalar miniplantas de tratamiento de aguas, reciclar y reutilizar los residuos y optimizar la fase de producción.



Autor: Juan Meriches, Francisco Derosas. Publicado en www.terram.cl

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