CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO ACUSA A CELCO DE AMEDRENTAMIENTOS A TESTIGOS

En la demanda del Consejo de Defensa del Estado en contra de Celco por daño ambiental en el río Cruces, los abogados de la empresa dilatan las sesiones para cansar a los testigos. La táctica sólo les ha traído advertencias y sanciones pecuniarias.

Es el  juicio ambiental más emblemático: lo que está en juego es nada menos que la mirada de la justicia cuando un privado provoque un daño ambiental de proporciones.

La demanda que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso en contra de la empresa del grupo Angelini por reparación de daño ambiental e indemnización de perjuicios luego del desastre ocurrido en el Humedal del río Cruces, en Valdivia, que significó la muerte y migración de los cisnes de cuello negro, marcará un precedente histórico en el país. Hay mucho en juego. 'Si uno mira los escritos judiciales, se da cuenta que es un juicio que tiene un nivel de beligerancia mayor que cualquiera', comenta una fuente que ha seguido el proceso que se desarrolla en la sala de audiencias del 1er juzgado Civil de Valdivia.

 En las audiencias probatorias, esa beligerancia ha sido palpable. La táctica de los representantes de Celco les ha costado más de una advertencia de parte de la jueza Gloria Hidalgo. Un ejemplo ocurrió el 20 de agosto con el médico Eduardo Israel frente a tres apoderados de Celco que intentaban inhabilitarlo. La jueza no sólo rechazó la interpelación, sino que resolvió fijar una sanción pecuniaria -costas- por 'argumentaciones dilatorias'. No fue la única ocasión. Cuando los abogados de la firma insistieron en el mismo tema, la nueva advertencia también fue vía costas. 'La pregunta formulada se aparta absolutamente de los puntos de prueba fijados en la causa (...) ya se le ha hecho presente a la demandada que la formule como en derecho corresponda y se le advierte, ya siendo las 12 horas, que debe permitir que la audiencia continúe y no entorpecerla con preguntas que no conducen al propósito de ésta'.

AMENAZA

'Es un sacrificio ir a declarar. Nadie te paga el tiempo perdido y sabes que lo vas a pasar muy mal en el interrogatorio', dice un testigo que espera el llamado del tribunal. Pero el mal rato no es el peor escenario: Israel también fue amenazado con una acción judicial. En la audiencia del 25 de agosto, el médico recordó un episodio sensible: la presentación ante la Corte Suprema por parte de abogados de la empresa en mayo de 2005 del estudio Balance de Hierro en el Río Cruces-sector Descarga de Efluentes de la planta Valdivia, supuestamente elaborado por el Centro EULA de la U. de Concepción.

EULA rechazó la autoría del estudio, lo que llevó a un grupo de diputados a presentar una acusación constitucional contra los tres ministros que emitieron el fallo a favor de la empresa con ese informe en la mano. Fue un bochorno.

La memoria de Israel le costó la amenaza de 'acciones y recursos legales tanto civiles, penales y otros pertinentes' por parte de los abogados de Celco, según se lee en el expediente. El CDE reaccionó por el intento 'manifiesto y evidente' de amedrentar al testigo e hizo presente que 'en un hecho inaudito en nuestra escena forense, se han agotado (perdido) cuatro audiencias en la declaración de uno de los 12 testigos que declararán por el Estado'.

'AFRENTA GRATUITA'

También lo vivió el profesor de la Universidad Austral (UACH), Eduardo Jaramillo, jefe del estudio Informe final sobre origen de mortalidad y disminución poblacional de aves acuáticas en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter que realizó la UACH y que fue la base de la acción civil del CDE y de la resolución de la Corema de Valdivia que instó a la empresa a buscar un nuevo punto de descarga de sus residuos industriales líquidos.

Los abogados de la empresa argumentaron que Jaramillo estaba como testigo porque, si el fallo no da lugar a la demanda del CDE, 'le causaría un serio perjuicio académico, que es la profesión en la cual el testigo obtiene sus medios de vida' y 'afectaría su orgullo profesional'. Además, lo acusaron tener una actitud 'no científica' y lo criticaron por 'no echar pie atrás' en sus conclusiones.

El CDE replicó: 'pretender que un testigo necesite el fallo favorable para el Estado de Chile a fin de obtener sus medios de vida o su prestigio académico constituye una afrenta gratuita, ni siquiera justificada en el marco de un proceso judicial, e inaudita en nuestra escena forense que sólo da cuenta de la falta de fundamentos'.

Testigos consultados por La Nación coincidieron que, si bien la estrategia de los representantes de la empresa es 'agotadora', entienden la intensidad del juicio por lo que está en juego. La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, evitó referirse al juicio, pero es tajante en su postura. 'La posición del Estado de Chile es aquella que representa el Consejo de Defensa del Estado y esto es que la responsabilidad por daño ambiental en el Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter es de la empresa Celulosa Arauco y Constitución'. La Nación se contactó con el abogado que representa a Celco, Carlos Concha, para concertar una entrevista, a la que el profesional accedió, pero finalmente no respondió los llamados.


Fuente: La Nación
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080916/pags/20080916212808.html 
Publicada el lunes, 22 de septiembre de 2008